Cristina
raspa el barril
Nadie
sufrirá la nacionalización del gigante petrolero argentino más que los
argentinos mismos
A la deriva
desde que Hugo Chávez enfermó el año pasado, los populistas de América Latina
ahora tienen a un nuevo favorito. Cristina Fernández, la presidenta de
Argentina, ha sido desde siempre un émulo de Chávez, acosando a las empresas
privadas, falseando las estadísticas y destripando las instituciones del
estado. Últimamente, ha ido más lejos al ir por las reservas del banco central,
la imposición de los controles de cambio y el levantamiento de importantes
barreras a las importaciones. Sin embargo, su movimiento más osado lo dio esta
semana al nacionalizar el 51% de YPF, la ex compañía estatal que estaba hasta
esta semana en manos de la española Repsol. Para Argentina, esto es un
desastre.
Quizá
Fernández logre tener un empujón de popularidad en Argentina. YPF es un símbolo
de orgullo nacional y a su gobierno falto de efectivo le darían un respiro los
ingresos de YPF. Además, Argentina enfrenta una crisis energética que el
gobierno ha tapado con importaciones costosas, que se han devorado los
superávit fiscal y comercial. Bajo la tutela del estado, puede que YPF estruje
más aun los menguantes pozos de petróleo y gas del país.
Pero nada
de esto puede ocultar el camino equivocado que ha tomado la presidenta
Fernández. Los probables efectos a largo plazo de la politización de YPF y la
confiscación de ganancias vienen claramente de la industria petrolera
venezolana, donde bajo la tutela de Chávez en la última década, la producción
se ha venido abajo. Fernández culpaba a Repsol de no invertir en los vastos
nuevos yacimientos de petróleo y gas no convencional, pero la misma
nacionalización desalentará billones de dólares en inversiones privadas.
Mientras tanto, los draconianos controles de precios, la causa real de la falta
de inversiones en energía y el excesivo consumo de esta última, siguen en pie.
Los efectos
de la nacionalización se harán sentir mucho más allá del sector energético. España
es el principal inversor extranjero en Argentina. Después de ver el destino de
YPF, los bancos, empresas de servicios públicos y compañías telefónicas
españolas puede que también busquen dejar el país. La presidenta también ha
puesto en peligro las relaciones comerciales con Europa, uno de sus mayores
mercados de exportación, como así también le puede haber costado el apoyo por
el reclamo de las Islas Malvinas, otro grito de unión nacionalista.
Semejante
imprudencia debería servir como una señal de alerta, especialmente para los
propios argentinos. Los seguidores de la presidenta han sacado a flote un
proyecto de reforma constitucional que establecería un sistema parlamentarista
que le permitiría ser reelegida de forma indefinida. Para detener esta peligrosa
iniciativa, la oposición tendrá que unirse, algo que no logró hacer en la
elección presidencial de 2011. Nuevamente, hay que mirar a Venezuela, donde la
oposición tuvo internas este año y se colocó detrás de un único candidato
contra Chávez.
Oh, qué
circo, oh qué show
Este brusco
giro de Argentina hacia la izquierda es también una alerta hacia sus vecinos
socialdemócratas. Aunque algunos líderes políticos de Chile y México han
denunciado la nacionalización (en parte porque la compañía estatal petrolera
mexicana, PEMEX, es dueña de una parte de Repsol), el presidente de Uruguay y
funcionarios de energía brasileños la han aplaudido- de la misma forma en que
sus países miraron para otro lado cuando Chávez violó derechos de propiedad en
Venezuela. Esos gobiernos están arriesgando su propia reputación como países
seguros para realizar inversiones.
El mundo
debería dejar de ser indulgente con la presidenta Fernández. Argentina sigue en
default con el Club de París de acreedores soberanos y no ha pagado los laudos
que el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones
(CIADI, que depende del Banco Mundial) ha determinado que Argentina debe pagar
a algunas empresas extranjeras (sobre todo estadounidenses). El mes pasado,
Estados Unidos suspendió el beneficio fiscal que tenía Argentina respecto de
algunas exportaciones. Sin embargo, el país aún es miembro del G-20 y puede
pedir préstamos de organizaciones multilaterales y sus ciudadanos pueden
visitar Europa sin tener una visa. Esto equivale a un pase libre en lo referido
a política exterior. Si Occidente revoca estos privilegios, los argentinos
podrían ver el verdadero costo de las payasadas de su presidenta.
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